Precio del carbono: poner una cifra a la externalidad
Casi toda comparación energética de esta biblioteca cita costes que excluyen el daño causado por las emisiones, que es precisamente el problema para el que existe el precio del carbono. Es la política climática más ortodoxa en términos económicos, respaldada en teoría por todo el espectro político, y aquella cuya aplicación se disputa con mayor dureza.
Por qué ponerle precio
Cuando una central quema carbón, la electricidad tiene un coste que aparece en una factura y un conjunto de costes que no: enfermedades respiratorias a sotavento, daños a las cosechas y la contribución al calentamiento del dióxido de carbono. Esos los soportan otras personas, a menudo en otros países y otras décadas. Los economistas lo llaman externalidad, y su rasgo definitorio es que el precio de mercado está mal -es demasiado bajo- así que el mercado produce demasiado de eso.
El precio del carbono corrige el precio en vez de prohibir la actividad. Un productor eléctrico que afronta 80 euros por tonelada descubre que el carbón, con 820 gramos por kilovatio-hora, carga 65 euros adicionales por megavatio-hora, mientras que el gas, con 490 gramos, carga 39. Esa diferencia altera directamente el orden de mérito y puede situar el gas por delante del carbón sin que nadie prohíba nada.
El atractivo para los economistas es que no exige al regulador saber qué tecnología debe ganar. Todo emisor afronta el mismo precio y cada uno encuentra su respuesta más barata: cambiar de combustible, mejorar la eficiencia, capturar o pagar y continuar. Las reducciones más baratas ocurren primero, que es justo lo que un mandato tecnológico fijo no puede garantizar.
La objeción es distributiva y no económica. Un precio del carbono es regresivo por defecto: la energía supone una parte mayor del gasto de un hogar pobre, así que un precio sin compensación les golpea más. Todo esquema que ha funcionado ha tenido que responder a eso, normalmente devolviendo la recaudación, y los que no lo hicieron han acabado derogados por lo general.
Impuesto o mercado
Un impuesto al carbono fija un precio por tonelada y deja que los emisores decidan cuánto emitir a ese precio. El coste es cierto, lo que gusta a las empresas, y las emisiones resultantes son inciertas. Suecia mantiene uno desde 1991, hoy por encima de 100 euros por tonelada, junto con una caída de emisiones del 30 por ciento y crecimiento económico continuado.
Un mercado de derechos hace lo contrario. Fija una cantidad total de derechos, los reparte o subasta, y deja que las empresas los intercambien. Las emisiones son ciertas porque el tope es el tope; el precio es incierto y puede ser volátil. El sistema europeo es el mayor y cubre generación, industria pesada y aviación: cerca del 40 por ciento de las emisiones de la UE.
El sistema europeo tardó dos décadas en funcionar bien, y esa es la parte más instructiva de su historia. Las fases iniciales asignaron derechos en exceso y entregaron la mayoría gratis, así que el precio se hundió cerca de cero y no cambió la conducta de nadie. Las reformas endurecieron el tope, pasaron a la subasta y añadieron una reserva de estabilidad que retira derechos cuando se acumula excedente. El precio pasó de menos de 10 euros en 2017 a más de 80 a mediados de la década de 2020, y solo a ese nivel empezó a influir en decisiones de inversión en lugar de limitarse a figurar en un balance.
Los diseños híbridos se han generalizado porque las formas puras tienen debilidades simétricas. Los suelos de precio evitan que un mercado se hunda cuando cae la demanda; los techos evitan que se dispare más allá de lo que la industria puede absorber. La mayoría de los sistemas diseñados desde 2015 incluyen ambos.
Fuga y frontera
El problema más difícil del precio del carbono es que la atmósfera es global y las jurisdicciones no. Si Europa pone precio al carbono y Turquía no, una acería puede mudarse y las emisiones se mudan con ella. El inventario europeo mejora, el mundial no, y Europa además pierde la industria. Eso es la fuga de carbono, y el temor a ella ha condicionado todos los precios del carbono jamás fijados.
La mitigación original fue la asignación gratuita: entregar sus derechos sin coste a las industrias expuestas para que no sufran desventaja. Evita la fuga y elimina a la vez el incentivo a reducir, que es el propósito del sistema. Europa mantuvo ese compromiso durante años sabiendo que era un compromiso.
El mecanismo de ajuste en frontera es la alternativa. Quien importe acero, cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno o electricidad a la UE debe comprar certificados equivalentes a las emisiones incorporadas en esos bienes, al precio europeo del derecho, menos cualquier precio del carbono ya pagado en origen. El productor nacional y el importador afrontan entonces el mismo coste de carbono, y la asignación gratuita puede retirarse.
El mecanismo entró en fase de notificación en 2023 y en fase financiera desde 2026. Está impugnado ante la Organización Mundial del Comercio y por varios países exportadores como proteccionismo encubierto, y ha tenido además el efecto que esperaban sus impulsores en un aspecto: varios socios comerciales han acelerado su propio precio del carbono, porque un precio recaudado en casa es un ingreso que se queda en casa en lugar de pagarse a Bruselas.
Qué precio basta
Aquí se confunden dos preguntas distintas. El coste social del carbono pregunta qué daño causa una tonelada, y las estimaciones van de unos 50 a más de 200 dólares según la tasa de descuento aplicada al daño futuro y según se incluyan o no resultados catastróficos poco probables. El coste de abatimiento pregunta qué precio hace falta para desencadenar un cambio dado, una cuestión mucho más concreta con respuestas específicas por tecnología.
Los umbrales prácticos están bastante establecidos. El cambio de carbón a gas en generación ocurre entre unos 30 y 50 euros por tonelada según los precios relativos del combustible. Hacer atractiva la captura de carbono en procesos industriales requiere quizá de 100 a 150. La siderurgia con hidrógeno necesita un rango similar. La captura directa del aire, varios centenares.
Los precios reales abarcan tres órdenes de magnitud. Algunos esquemas cobran menos de un dólar por tonelada y existen sobre todo para levantar la maquinaria administrativa. La UE está por encima de 80, Suecia por encima de 100, y la mayoría de las emisiones cubiertas en el mundo tiene un precio inferior a 20 dólares, por debajo de casi todo umbral relevante.
El resumen honesto es que el precio del carbono funciona donde es alto, amplio y creíble en el tiempo, y que la mayoría de los esquemas existentes falla al menos uno de esos requisitos. La credibilidad es el más olvidado: una empresa que decide si construye una planta que funcionará 40 años necesita creer que el precio seguirá ahí en 2050, y ningún gobierno puede obligar a sus sucesores. Esa incertidumbre explica que el precio por sí solo rara vez haya bastado, y que suela aparecer junto a normas y subvenciones en lugar de en su lugar.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre impuesto y mercado de emisiones?
Un impuesto fija el precio por tonelada y deja que las emisiones se sitúen donde se sitúen. Un mercado fija la cantidad total de derechos y deja moverse al precio. Uno da certeza sobre el coste, el otro sobre el resultado ambiental. La mayoría de los sistemas modernos son híbridos con suelo y techo de precio.
¿Qué es la fuga de carbono?
Producción que se traslada a una jurisdicción sin precio del carbono, de modo que las emisiones se reubican en lugar de desaparecer. La región exportadora pierde la industria y la atmósfera no gana nada. El temor a la fuga llevó a la asignación gratuita de derechos a industrias expuestas y más tarde a los mecanismos de ajuste en frontera.
¿Qué hace el mecanismo fronterizo europeo?
Cobra a los importadores de acero, cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad por las emisiones incorporadas en esos bienes, al precio europeo del derecho, menos cualquier precio del carbono ya pagado en origen. Así se iguala el coste de carbono entre producción nacional e importada y puede retirarse la asignación gratuita.
¿Qué precio del carbono hace falta?
Depende de qué se quiera desencadenar. El cambio de carbón a gas ocurre en torno a 30-50 euros por tonelada, la captura industrial necesita quizá 100-150, y la captura directa del aire varios centenares. La mayoría de las emisiones cubiertas en el mundo se sitúa por debajo de 20 dólares, bajo casi todo umbral significativo.
¿No es regresivo el precio del carbono?
Por defecto sí, porque la energía supone una parte mayor del gasto de un hogar pobre. Todo esquema duradero lo ha abordado devolviendo la recaudación, como dividendo, rebaja fiscal o apoyo focalizado. Los esquemas que subieron precios sin compensación visible han acabado derogados por lo general, lo que es un hallazgo político y no económico.
